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Activan el juicio de Los Tarajales al renunciar a la estafa agravada

La representación de Isla Bonita e Inversiones Cock salvan el escollo procesal que obligó a la juez del Penal 7 a su aplazamiento.


Tazacorte - 8/nov/17 6:04 AM Escrito por E Día


Los representantes de Isla Bonita e Inversiones Insulares Cock, que ejercen la acusación junto al Ministerio Fiscal en el caso de Los Tarajales, han presentado un escrito ante el Juzgado de lo Penal número 7 de Santa Cruz de Tenerife por el que renuncian al ejercicio de la acción penal por estafa agravada, lo que permitirá activar de nuevo y con toda celeridad el juicio suspendido el pasado día 2 de noviembre.

La juez titular del Penal número 7, desplazado al Juzgado de Los Llanos de Aridane, acordó suspender el pleito en el trámite de cuestiones previas formuladas al inicio del juicio oral precisamente por dudas competenciales a la hora de juzgar a los acusados por estafa agravada, delito que previsiblemente debería ser abordado por la Audiencia Provincial con un nuevo retraso de la causa.

El escrito presentado tiene la idea de coadyuvar con la administración de justicia y facilitar que no se suspenda de nuevo el juicio por la construcción de un edificio de viviendas de lujo en el Puerto de Tazacorte, dentro de la servidumbre de Costas.

Los representantes de Isla Bonita e Inversiones Insulares Cock se reservan en derecho de las acciones civiles e indemnizatorias derivadas de los delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio, que cifran en algo más de tres millones de euros, por los que están acusados el actual alcalde de Tazacorte, Ángel Pablo Rodríguez (Unión Bagañeta-Coalición Canaria), cuatro exconcejales del mismo partido que formaban parte del grupo de gobierno cuando se concedió la licencia para la construcción del edificio y el arquitecto municipal, al que se le acusa de supuestamente haber realizado informes técnicos a la carta.

De esta manera, los abogados Santiago Milans del Bosch, que fue socio de Cuatrecasas hasta hace dos años cuando salió de la firma y fundó su propio despacho, y Alfonso Castresana salvan el escollo procesal que fue planteado por el Ministerio Fiscal y al que se adhirieron los abogados de la defensa y de la acusación, lo que obligaría a retrotraer las actuaciones al Juzgado de Instrucción para que remitiera toda la causa a la Audiencia Provincial.