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LA PALMA - TAZACORTE


Fiscalía pide imputar a otras dos personas por el caso de la Nao


caso de la Nao
Una década después de la denuncia, el fiscal pide al juez que en la lista de investigados no solo esté el alcalde y el arquitecto municipal, sino el propietario y el comprador de la finca.


Víctor Martín, Los Llanos de Aridane 1/feb/16 01:09


Diez años después de que se presentara la denuncia, el Ministerio Fiscal ha propuesto al Juzgado de Instrucción Número 2 de Los Llanos de Aridane la imputación de dos nuevas personas supuestamente implicadas en el "pelotazo" urbanístico de la Nao, un terreno en la costa de Tazacorte donde el Tribunal Supremo sentenció que no se puede construir tras un "desvío de poder" para urbanizarlo, con el objetivo de beneficiar a un particular, por parte del arquitecto municipal y con su padre como intermediario.

El fiscal pide al juez que cite a declarar como investigados (término judicial que sustituye a imputado en una primera fase) al propietario de la finca de la Nao, Javier Carrillo Kabana, quien se benefició de la reclasificación del suelo, que pasó de tener un valor de unos 400.000 euros a ser vendida por 2,2 millones de euros; y Gregorio Sánchez Pérez, socio-fundador de Estatecnic SA, promotora inmobiliaria que adquirió el terreno y que supuestamente pudo intervenir en la "trama" para beneficiarse de la declaración de urbanizable del solar.

En este caso están hasta la fecha imputados, aunque sin condena pese a los años transcurridos, el alcalde de Tazacorte, Ángel Pablo Rodríguez (UB-CC), y el secretario municipal, Rosendo Luis Brito.

El fiscal, en un informe con fecha 7 de enero de 2016, dice que atendiendo a las alegaciones presentadas por la representación procesal de César Gil, empresario vasco que quiso desarrollar sin éxito proyectos turísticos en la costa de Tazacorte, y a la vista de la pretensión acusatoria por un delito agravado de estafa, y así mismo "garantizar las exhautividad y efectivas de las declaraciones de Javier Carrillo Kabana y Gregorio Sánchez Pérez respecto a los hechos objeto de la denuncia, consideramos que sendas declaraciones deben ser efectuadas en calidad de investigados" con los derechos y asistencia letrada inherentes a dicha condición, "con la finalidad de evitar cualquier tipo de indefensión y sin perjuicio del resultado de la instrucción".

El fiscal constata "la intervención" de los dos investigados "en los contratos de compraventa cuya finalidad defraudatoria se viene defendiendo por la parte denunciante", por lo que reitera en la petición remitida al juzgado que resulta "más idóneo para la presente instrucción", iniciada con una denuncia de César Gil de 2006, "y el esclarecimiento de las responsabilidades que puedan derivarse y para la plena salvaguarda de los derechos procesales de los denunciados, que la declaración lo sea en la condición de investigados".

Javier Carrillo Kabana y Gregorio Sánchez Pérez habían sido citados inicialmente a declarar como testigos, lo que estaba previsto para los días 13 y 27 de febrero a lo que se opuso el abogado Santiago Milans del Bosch, en representación de César Gil, que defendió en un escrito presentado el día 2 de diciembre de 2015, que ambos debían ser citados como imputados, lo que ahora también pide el fiscal. El juez del Juzgado de Instrucción Número 2 de Los Llanos de Aridane, Albano Padrón, emitió el pasado 25 de enero una providencia por las que anula las declaración previstas como testigos de los dos afectados. Queda por resolver, tras analizar el razonamiento del fiscal, si el juez los imputa o, por el contrario, los mantiene con la condición de testigos.