Buscando en La Palma - Corrupcion en el valle

LA PALMA - Tazacorte


La acusación pide 3,3 millones de fianza para el alcalde y 4 exediles

El juicio por el edificio construido en terrenos de Costas se iniciará el 2 de noviembre y la acusación pide que se garantice el coste de los daños y perjuicios, en caso de que los hubiera.



Tazacorte 8/oct/17 7:05 AM Escrito por Eldia.es


La acusación del caso Los Tarajales, por la construcción de un edificio residencial en la avenida del Puerto de Tazacorte en suelo que el Tribunal Supremo declaró como no urbano, ha solicitado en el Juzgado de lo Penal número 7 de Santa Cruz de La Palma que imponga una fianza de 3,3 millones de euros a los acusados, entre los que se encuentra el alcalde bagañete, Ángel Pablo Rodríguez, para garantizar las responsabilidades pecuniarias derivadas de los hechos objeto de investigación en este procedimiento; es decir, daños y perjuicios.

El juicio se celebrará el día 2 de noviembre, desde las 8:00 horas, y el juez ya tiene previsto que se prolongará durante el 3, 6, 7 y 8 del mismo mes, debido al elevado número de testigos que están llamados a declarar. El fiscal pide un máximo de 18 meses de prisión y 10 años de inhabilitación para el alcalde, además de la demolición del edificio en litigio, denominado Balcón del Puerto, con cargo a los acusados.

Rodríguez y exconcejales de UB-CC, además del arquitecto municipal, se sentarán en el banquillo para responder por un presunto delito contra la ordenación del territorio.

La acusación, Isla Bonita Tazacorte e Inversiones Insulares Cock, dos entidades cuyo propietario es el empresario vasco César Gil, advierten en su escrito al juez de que "hemos tenido conocimiento reciente de que los acusados pudieran estar procediendo a alzarse con sus bienes, saldos y depósitos bancarios, mediante el cambio de titularidad y la venta de los mismos a terceras personas", un supuesto para lo que sin embargo no se aporta ningún tipo de documentación que lo certifique.

La fianza solicitada de 3,3 millones es para daños a las empresas que forman la acusación, que intentaron sin éxito desarrollar un proyecto turístico y residencial de envergadura en la costa de Tazacorte, sin tener en cuenta otros aspectos dinerarios que deberán dilucidarse en el juicio, como los indemnizaciones y el elevado coste de la demolición del edificio irregular, siempre y cuando la sentencia sea contraria a los intereses del alcalde y al resto de encausados.