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LA PALMA - TAZACORTE


El alcalde, tras aplazarse el juicio: Actuamos dentro de la legalidad

La jueza suspende el juicio del caso Los Tarajales por un error en la instrucción procesal, además de generarse dudas de carácter competencial El regidor proclama su inocencia.


Juicio de Los Tarajales
El caso de Los Tarajales regresa al juzgado de instrucción para que aclare uno de los autos./V.M.


3/nov/17 6:10 AM Escrito por El Día


El caso de Los Tarajales regresa al juzgado de instrucción para que aclare uno de los autos./V.M.

La jueza del Juzgado de lo Penal número 7 de Santa Cruz de Tenerife, desplazado a Los Llanos de Aridane, decidió ayer suspender el juicio de Los Tarajales y remitir de nuevo el caso al juzgado de Instrucción al no incorporarse al auto de hechos vinculantes el presunto delito de estafa agravada, que en su caso debe unirse a los de prevaricación y contra la ordenación del territorio.

En el supuesto de que se incorpore la estafa agravada, tal y como solicitan los abogados de Inversiones Cook y de Isla Bonita, el caso podría ser derivado a la Audiencia Provincial por razones competenciales, tal y como expuso el fiscal y los propios abogados de la defensa y la acusación en un juicio que se prolongó por espacio de hora y media hasta que se decidió su suspensión.

Los letrados de la acusación particular hicieron hincapié en que no iban a renunciar a la estafa agravada, que a su entender está en este caso vinculada "a la prevaricación urbanística".

Después de unos 20 minutos de receso, la jueza decidió suspender el juicio al entender que las razones expuestas para no continuar con la vista "resultan insalvables". De todas formas, expresó su impresión (o deseo) de que el juzgado de Instrucción resolverá con prontitud la modificación o aclaración del auto de hechos. "Ahora tengo la agenda vacía", subrayó, indicando que había reservado "los dos próximos meses" exclusivamente para la resolución de este caso.

El alcalde de Tazacorte, Ángel Pablo Rodríguez; el arquitecto municipal, Rosendo Luis Brito, y los exediles Juan Miguel Rodríguez Acosta, Francisco Pérez Acosta, Roberto Pérez Lorenzo y José Miguel Castillo se enfrentan a una petición por parte del Ministerio Fiscal de prisión e inhabilitación, aunque en ninguno de los casos alcanza los dos años de cárcel, como sí ocurre en las pretensiones de la acusación particular.

Precisamente, el regidor municipal, para el que el fiscal solicita 18 meses de prisión y 10 años de inhabilitación, manifestó tras la suspensión del juicio que "parece que estamos condenados a los aplazamientos, pero nosotros creemos en la justicia y pensamos que se ha hecho con buen criterio porque hay que aclarar bien todas las cosas para que nadie se sienta perjudicado".

Sin embargo, reconoció que le hubiera gustado "resolver (el caso) cuando antes". Y es que "seguimos pensando que actuamos dentro de la legalidad cuando dimos la licencia (para la construcción del edificio), que no está recurrida, tiene todos los informes correspondientes y, lo más importante, en ese momento el deslinde con Costas era de 20 metros y se podía construir. Luego se producen situaciones sobrevenidas, pero los actos firmes a pesar de las anulaciones hay que mantenerlos, según las leyes de nuestro país".