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'Caso La Nao': ARCHIVADO


Finca La Nao pendiente de resolución judicial desde que una sentencia del TS
La finca La Nao se encuentra situada en la desembocadura del Barranco de Tenisca (Tazacorte) y está pendiente de resolución judicial desde que una sentencia del TS situó "desvio de poder" en su proceso de ordenación.


Creado en Jueves, 18 Mayo 2017 Escrito por Maikel Chacón Escrito por ElTime.es


El juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 2 de Los Llanos de Aridane ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa abierta en el denominado 'Caso La Nao' en el que se había imputado al alcalde de Tazacorte, Ángel Pablo Rodríguez Martín, y al arquitecto municipal, Rosendo Luis Brito, por presunto delito de prevaricación, estafa, tráfico de influencias, contra la Hacienda Pública y de falsedad documental. Según el juez Albano Padrón González, “la perpetración de delito no esta justificada”.

El auto, contra el que se puede interponer recurso de reforma y/o apelación, se aleja de las conclusiones emitidas en febrero de 2012 por el Tribunal Supremo sentenciando como “hecho probado” que existió desvío de poder para beneficiar a un particular en la recalificación de una finca (La Nao) que incrementó su valor y que se vendió por más de 2 millones de euros, según constaba en los informes judiciales.

Sin embargo, la resolución del juez, a la que ha tenido acceso ElTime.es, asegura que, “si bien la sentencia del TS de 23 de febrero de 2012 llegó a la convicción de que en la ordenación del sector de suelo urbanizable ZSR 2-2, se incurrió en desviación de poder, existiendo prueba suficiente de que se actuó con la finalidad de favorecer intereses particulares; y dichas actuaciones pudieran determinar la existencia de indicios relativos a la presunta comisión de un delito de tráfico de influencias, el mismo fue declarado prescrito por el auto de 11 de mayo de 2010 dictado en esta pieza separada, teniendo en cuenta las fechas a que se refieren los hechos investigados, así como los plazos de prescripción vigentes en la legislación penal aplicable a los mismos”.

Por otra parte, el juez constata que “tras las diligencias practicadas, no consta acreditado que por parte de los investigados: Javier Carrillo Kábana, Gregorio Sánchez Pérez y Rosendo Luis Cáceres, se produjese ningún tipo de reunión o contacto con el denunciante César Gil Invernón (Inversiones Cock) mediante el cual generar en él un engaño que le indujese a un error por el que decidiese realizar un acto de disposición patrimonial con el que se le ocasionase el perjuicio económico referido por las acusaciones particulares”.

En tal sentido, insiste, “no existe evidencia alguna de que entre los referidos investigados e Inversiones Insulares Cock S.L., se concertase negocio jurídico alguno.

En el histórico del caso hay que remontarse a una pieza separata abierta en noviembre de 2009, a consecuencia de un informe del Equipo de Delitos Urbanísticos de la Sección de Investigación Criminal de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife referido a la aprobación de las Normas Subsidiarias de Tazacorte y el posterior Plan General de Ordenación del municipio, por la presunta comisión de delitos que pudieran ser constitutivos de prevaricación, estafa, tráfico de influencias, contra la Hacienda Pública y de falsedad documental. En dicha investigación se referían a la zona denominada como 'La Nao' y prevista en el Plan General de Ordenación como ZSR 2.1 y ZSR 2.2.

A raiz de ese informe se sumó una posterior querella (abril de 2010) formulada por Inversiones Insulares Cock S.L.U. Y su propietario César Gil Invernon, aludiendo a la presunta comisión de diversos delitos de tráfico de influencias, contra la ordenación del territorio, prevaricación, y estafa entre otros. En la misma afirmaba que fue engañada por el Gobierno de Tazacorte, con actuación coordinada de autoridades, funcionarios y particulares interesados en que fueran otros los beneficiarios de supuestos favores municipales. El apoderado de aquellos terrenos era Rosendo Luis Cáceres, padre del arquitecto municipal.

Según aquella sentencia firme del Tribunal Supremo (Sala tercera, ede 21 de febrero), el sector ZSR 2-2 experimentó un incremento de la edificabilidad hasta rebasar el límite exigido gracias a un informe favorable del arquitecto técnico municipal, ante la alegación del propietario del terreno del que su padre era apoderado. Este hecho motivó la acusación de Inversiones Cock sobre la finalidad de un acto dirigido a favorecer intereses particulares.