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César Gil, acusación: Me extorsionaron; tenía 11 millones de patrimonio y no me queda nada


César Gil, acusación: Me extorsionaron; tenía 11 millones de patrimonio y no me queda nada


Creado en Martes, 17 Octubre 2018 Escrito por El Time


La voz cantante en todo el proceso judicial de Los Tarajales, en lo que a acusación se refiere, la ha llevado el empresario César Gil Invernón, propietario de las empresas Inversiones Cock e Isla Bonita, que son parte de la acusación particular en este caso. Hoy testificó en el día 2 del juicio de Los Tarajales para atacar duramente no solo a todo lo concerniente en el asunto que motiva este proceso, sino además para ingerir en otros 4 casos ya archivados (derivados de este) que se sentenciaron en su contra y que estaban vinculados a suelos turísticos en la zona del puerto de Tazacorte, en lo que trata como una trama orquestada contra sus proyectos.

Fue un volver a escuchar todo lo que ha venido denunciando durante más de una década, incluyendo sus números, o sea, el daño que dice haber recibido, por valor de 52 millones de euros. Números que, por cierto, no coinciden con los aportados por otras partes (dígase documentación aportada por Diursa, propietaria del edificio de Los Tarajales), en los que se demuestra que en sus cuentas no había dinero en el momento en el que se negociaba la venta de suelos, entre ellos el de Los Tarajales (esto se analizará en un próximo artículo sobre la declaración de Ulpiano González, propietario de Diursa).

Eltime.es transcribe casi todo el contenido de la declaración testifical de César Gil en la mañana de ste miércoles, en el juicio en el que se juzga la licencia dada al edificio y se trata de decidir sobre la responsabilidad penal de los inculpados, o sea, alcalde, concejal de urbanismo, otros concejales de la junta de Gobierno de 2005 y el arquitecto municipal.

"Sabíamos que cualquier cosa en ese suelo iba a ser ilegal".

Gil comenzó su ronda respondiendo a las preguntas que le lanzaba su abogado acerca del negocio que se fraguaba, en su momento, con el suelo de los Tarajales, que pasaba de ser suelo agrícola a urbanizable. “Saque dinero negro para pagar a Rosendo Luis Cáceres (padre del arquitecto) por las escrituras vinculadas al suelo de Los Tarajales”, aclarando el empresario, “dinero de comisiones”. Negocio que finalmente no fraguó.

En sus declaraciones, el empresario, explicó los motivos por los cuales se desligaron de la compra de los terrenos citados en el Puerto de Tazacorte, “Juana Teresa Gonzalez nos advirtió de que iba a pleitear contra Los Tarajales hasta el final”.

Según aclaró Gil, “a Juana Teresa González le impidieron realizar el proyecto y, curiosamente, apareció la empresa Diursa al que si se le permitió. Diursa era consciente del contenido jurídico negativo contra el suelo”.

El empresario Gil subrayó que “teníamos un precontrato con Diursa, la cual intento engañarnos una vez el solar estaba ya en vía judicial. Se nos informó de la existencia del TSJC contra el terreno, por lo declinamos asistir a la cita, terminando en los juzgados contra Diursa”. En cuanto al pleito jurídico, el empresario vasco sostiene que “nos condenaron”.

“Sabíamos que allí cualquier cosa que se hiciera sería ilegal a posteriori”, señaló el empresario de Inversiones Cock, a lo que añadió que “se lo advertí al alcalde – Ángel Pablo Rodríguez- en su momento, defendiendo que el Ayuntamiento bagañete iba a cometer un delito contra la Ley de Costas y la ordenación territorial”.

En relación a las declaraciones de ayer del actual alcalde de Tazacorte y el exconcejal de dicho consistorio, en la que se hizo especial mención a que se siguieron las instrucciones dada por el jurista y técnicos, Gil se mostró más agresivo aún: “Ahora le quieren echar la culpa al muerto (en referencia al jurista municipal fallecido hace años, Manuel Roque Concepción”, sintiéndose como víctima del “cárter del agua”.

El abogado preguntó al empresario si su argumentación y denuncia era fruto del enfado, a lo que respondió que “yo tenía 11 millones de patrimonio constatado y no me queda nada. Vine a invertir y estos señores se lo han cargado. Habían proyectos y se preveía hacer un crédito promotor financiado por el banco Santander. Todo ello vinculado a que se aprobara la junta de compensación, incluyendo los suelos del Ayuntamiento, pero intervino Rosendo Luis Cáceres”.

Según relata el empresario de la acusación referente a las acciones emprendidas por el consistorio bagañete, “el abogado municipal decía que podía ganar la sentencia en el Supremo, por lo que se dieron prisa en cambiar por si esta llegaba”.

"Han chuleado a la justicia"

“Nos extorsionaron, como un grupo de terroristas ruso”, apuntilló Cesar Gil. “Llegaron a presenta a todo el grupo de gobierno y a la oposición nuestras infografías en el salón de plenos, incluyendo el desarrollo que se tenía previsto para el Puerto de Tazacorte”.

Además, añadió que “Los proyectos estaban en cajas en el propio Ayuntamiento y cuando entró Carmen Acosta (PSOE), las cajas aparecieron vacías”. “Prefería un cáncer que tener que venir aquí a contar todo esto. Mi familia por estos ladrones de guante blanco”, sentenciaba Gil

Por todo lo expuesto, el empresario vinculado a Inversiones Cock reclama secuelas económicas, con perdidas por valor de 52 millones de euros, derivado de Los Tarajales, motivando a posteriori otros problemas.

A todo ello añade que “han chuleado a la justicia. Hay abogados que presumen de que este juzgado es una continuación de su despacho”.

Entrando más en profundidad en el proyecto que se pretendía hacer en el barrio bagañete, Cesar Gil explicó que “El Ayuntamiento nos planteó un hotel en Los Tarajales, no viviendas. Además, jamás se nos informó de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, haciéndonos llegar esta información por pare de la oposición y de Juana Teresa”.

En la misma línea de argumentación, el empresario subrayó que “el consistorio promovió siempre que ese suelo saliera adelante como urbano, pero nosotros abandonamos porque aquello era un polvorín. Se nos había ocultado la problemática judicial sobre ese suelo y se nos intentó vender algo con vicios ocultos”.

Posteriormente, aclaró que “el teniende de alcalde – Juan Miguel Rodríguez- siempre participó en las diferentes reuniones de trabajo que se realizaban”. Puso especial incapié en subrayar que “nunca pidieron un duro por nada, ni él ni nadie del Ayuntamiento, pero pedían otras cosas para la banda de música, etc”.


César Gil, acusación: Me extorsionaron; tenía 11 millones de patrimonio y no me queda nada

Un informe de un letrado de Cock demuestra que Gil si conocía la sentencia del TSJC mientras intentaba comprar el suelo de Los Tarajales.

Llevaba el turno del abogado de Diursa que veía indicios de contradicción entre los intereses de compra mostrado por el vasco y la declaración de que “salieron corriendo porque era un polvorín”.

Posteriormente, el abogado del alcalde, Ángel Pablo Rodríguez, preguntaba al empresario si no tenía constancia de la sentencia emitida por el TSJC de 2002 durante su compra, a lo que Gil contestaba con un rotundo “no”.

En el mismo turno, el abogado del alcalde inquirió a Gil si este tenía expectativas de negocios que se fraguaron, a lo que respondió que “no, yo presentaba proyectos. Me hacían pagar en B la compra de los suelo, el cual me han quitado y se lo han repartido en subastas entre gente que hay aquí”.

Los abogados de los concejales acusados tacharon de “fantasía” las ideas de Inversiones Cock, a lo que el vasco respondió que “he hecho edificios con prestigiosos arquitectos. No hago fantasías ni vendo ilusiones”.

En la misma línea que se venía siguiendo, le tocaba el turno al abogado del arquitecto, quien preguntaba a Gil el por qué no impugnó la licencia que se le otorgó a Diursa, respondiendo que “no era mi intención hacer daño a otra empresa”. Los abogados recuerdan que las 4 separatas están todas archivadas por el juzgado de instrucción y con la Audiencia Provincial. Además, dudan de que Gil no leyera noticias ni publicaciones en periódicos e informativos sobre la sentencia del TSJC antes de 2004.

Por último llegó el turno del abogado del Ayuntamiento de Tazacorte, quien intentó demostrar que el empresario tenía el suelo en sus planes como urbano, tanto en sus infografías como en supuesto proyectos, antes de decir que se retiraba.

Además, cuestiona que “entre tanto profesional con el que trabajaba Inversiones Cock no tenía abogados a los que consultar, que tuvieron que ser informados por Aquilino (un concejal de la oposición -CCN- de Tazacorte) y de Juana Teresa”, respondiendo que “no lo vi necesario”.

Pero, el abogado del Ayuntamiento presentó un “informe del letrado de Inversiones Cock de diciembre de 2004, sobre consecuencias de la sentencia del TSJC de 2002, que Cesar Gil decía desconocer. El informe recoge que “el suelo de Los Tarajales no está afectado por la sentencia porque hay un nuevo PGO”, documento que fue remitido al Ayuntamiento de Tazacorte. Conclusión: Gil conocía esta condición, o al menos sus abogados.

Pero, Cesar Gil negó conocer ese documento, “en el juicio defendimos que el usos que se le iba a dar a ese suelo no se podían desarrollar”. El letrado insistió en que “en el juzgado dijo que quería adquirir y ejecutar la opción de compra, ya con conocimiento de esta sentencia”.

Por otra parte, hizo referencia al auto del Gobierno de Canarias de 2009 que declara la inejecutabilidad de la sentencia de 2002 y luego ese mismo TSJC declara ese mismo año la inejecución, por modificación del planeamiento vigente.

Sobre la responsabilidad civil e indemnizaciones contra el Ayuntamiento de Tazacorte, Cesar Gil reconoce que no se ha pagado ni un solo céntimo de las cantidades exigidas, que se cifran en más de 50 millones de euros.