Buscando en La Palma - Corrupcion en el valle

LA PALMA


César Gil, acusación: “Tras 13 sentencias contra el suelo de Los Tarajales, es imposible salir de este juicio penal sin responsables”


César Gil


Creado en Martes, 24 Octubre 2017 Escrito por ElTime


El empresario promotor César Gil Invernón, principal exponente de la acusación en el 'Caso Los Tarajales', que el próximo día 2 de noviembre va a juicio en el Penal Nº7 (Santa Cruz de La Palma) para dictaminar si hubo delito urbanístico en la construcción de un edificio en un suelo del Puerto de Tazacorte que fue declarado no urbano por el Tribunal Supremo, asegura días antes de iniciarse la vista que ésta se alargará varios días, yque “tras 13 sentencias a distintos niveles judiciales contra la ordenación de ese suelo, es imposible pensar que se pueda salir de este juicio sin responsables penales”.

Doce años después de la denuncia inicial que abrió el caso (la denunciante primaria Juanina González ya falleció, al igual que uno de los imputados, el jurista municipal Manuel Roque), el empresario que se sumó como acusación al proceso judicial recuerda que este asunto tiene ya mucho camino recorrido en la parte administrativa y siempre ha sido contra lo que se ejecutó: “No hay razón para pensar que después de lo que se ha anulado como irregular ahora no se juzgue a los que ejecutaron tal actuación, por mucho que antiguos dirigentes como Miguel Ángel Pulido digan ahora lo contrario. Es impresentable que este señor, que se libró de estar entre los imputados, diga ahora que se queda el edificio fuera de ordenación y aquí no pasa nada”.

Gil Invernón habla de una “justicia preventiva” que “se saltaron a la torera en la junta de gobierno del Ayuntamiento de Tazacorte en 2005, cuando se dio la licencia, pese a que en septiembre de 2002 una sentencia no firme del Tribunal Superior de Justicia de Canarias advirtió de que ese suelo no era urbano, algo que ratificó después el Supremo después de que los hoy acusados dieran el permiso sin explicación posible”. Lo cierto, afirma, “es que estuvieron incluso a tiempo de corregir lo hecho. Esto se pudo evitar, pero se rieron de la justicia y de todo el mundo”.

Por ello, desde la acusación, donde ven poca pena en la solicitud de 18 meses de cárcel y 10 años de inhabilitación para el alcalde y el resto de acusados (4 miembros más de la junta de Gobierno y el arquitecto municipal), entienden que “debe haber como mínimo inhabilitados cuando acabe el juicio”. Sería, concretan, “algo escandaloso, una verdadera vergüenza, que no hubiera en esto alguna responsabilidad penal tras tantos años de proceso judicial”.

Incluso, no solo ve responsabilidad técnica real en este caso, con los informes del arquitecto municipal en favor de la licencia, sino que afirma que “fue el alcalde el mayor defensor existente de esa licencia en todos los foros institucionales y políticos posibles, por lo que nunca se escondió para decir que él estaba por encima de los técnicos”. Esto, añade, “le impide decir ahora que no tiene conocimientos urbanísticos para librarse de la culpa política de lo que se hizo”.

Es más, el empresario entiende que “este juicio supondrá un antes y un después en la forma de entender la justicia urbanística en La Palma, en donde no hay manera de condenar a un político en algunos casos ya juzgados”. No puede ser, apunta Gil, “que los empresarios vengan aquí a intentar hacer y se les trate como nos han tratado a nosotros y todos los de la trama salgan indemnes y se condene a un pueblo como estos lo han condenado”.

En cuanto el tiempo transcurrido, el acusador entiende que “es cierto que esto ha sido inhumano para todas las partes, tanto para nosotros como para ellos, por lo que esperamos que sea el punto y final a un caso sin parangón en La Palma”.


Tarajales

Demolición del edificio y posibles indemnizaciones.

Hay que recordar que en las conclusiones de acusación por parte de la Fiscalía, se solicita la demolición el edificio de Los Tarajales y las indemnizaciones correspondientes a las partes que resulten responsables, sin eximir de implicación a la Administración Local a la que representaban los acusados.

En tal sentido, César Gil considera que tal y como ya advirtió en sus conclusiones la fiscal medioambiental, Inmaculada Violán, “el horizonte del edificio es la demolición, no el fuera de ordenación como defiende Miguel Ángel Pulido”.

Por ello, cree que “va a ser muy doloroso para el pueblo de Tazacorte lo que pueda ocurrir tras el juicio de Los Tarajales, sin olvidar que también es cierto que Diursa, como empresa ejecutante, era consciente de que esa licencia venía viciada y por lo tanto habrá que definir si tiene o no derecho a una indemnización como parte afectada o si es responsable en parte de la inadecuada acción ejecutada en el suelo no urbano”.