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El empresario que judicializó los suelos turísticos de Tazacorte se querella contra el secretario del Juzgado de Los Llanos


Juzgado de Los Llanos
Juzgado de Los Llanos


Creado en Lunes, 19 Octubre 2015 Escrito por El Time


El empresario vasco Cesar Gil, artífice de una serie de demandas que han motivado varias causas judiciales contra actuaciones de políticos, empresarios, e incluso, una entidad bancaria, a las que se les relaciona con delitos contra la ordenación del territorio y corrupción urbanística en Tazacorte, así como estafa procesal; ha presentado una nueva querella criminal admitida a trámite, ahora contra el secretario del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 1 de Los Llanos de Aridane por un presunto delito de prevaricación y/o imprudencia grave (ignorancia inexcusable) por ejecutar “resoluciones injustas” contra el demandante.

Los autos motivados por esta querella, en diligencias previas, han sido remitidos por el juez llanense a Audiencia Provincial tras emitir un informe de abstención en la toma de conocimiento de los mismos, argumentando que el denunciado es el secretario judicial del juzgado que recibe la demanda.

Gil entiende que el secretario judicial “ha sido el eslabón necesario para una organizada extorsión realizada a las sociedades promotoras de sus proyectos en el Puerto de Tazacorte”, en donde los convenios urbanísticos que este empresario vasco firmó con el Ayuntamiento, hace ya más de una década, “se incumplieron”, según mantiene. “El querellado -afirma el demandante- ha permitido que se haya realizado un estrangulamiento financiero, que motivó una demanda contra el Banco Santander aún en proceso, y el posterior desmantelamiento patrimonial. Para ello ha sido necesario la complicidad de personal judicial, en este caso la del secretario, como pieza clave”.

Precisamente, en el Juzgado de Primero Instancia e Instrucción nº1 de Los Llanos de Aridane se tramita el procedimiento de ejecución 180/2.008 por el que se sacaron a subasta a instancia de Banco Santander una serie de fincas propiedad de los demandantes o de las sociedades por ellos participadas. Al respecto, según argumenta la querella, “en el curso de la realización de las subastas, se han cometido ciertas actuaciones irregulares realizadas por el querellado, secretario del juzgado ejecutante, que pudieran ser constitutivas de delito”. Independientemente de lo anterior, añaden “el querellado ha demostrado a lo largo de sus actuaciones una total y absoluta ausencia de buena fe y un ánimo indiscutible y patente de perjudicar a la empresario, en beneficio de terceros”.

Al respecto, aportan casi una treintena de documentos sobre actuaciones realizadas por dicho secretario judicial que consideran “se han realizado contraviniendo las normas a sabiendas de su irregularidad, contraviniendo las garantías jurisdiccionales del procedimiento, que forma parte del principio de legalidad. Las resoluciones y actuaciones dictadas por el querellado, lo han sido con evidente vulneración del artículo 24 de la CE y de la jurisprudencia del TC en relación con la adecuación a un procedimiento con todas la garantías que debe de seguir los cauces establecidos”.

Las acusaciones apuntan a que “se pudo haber ignorado deliberadamente la existencia de aparceros o arrendatarios en las fincas subastadas, pese a que se había notificado por escrito la existencia de los mismos. El denunciante señala que se produjo una falta de notificación a los ocupantes, no se informó de forma apropiada ni se incluyó la minoración del valor de las fincas por su ocupación y situación arrendaticia. Tampoco se habría llevado a cabo el correspondiente depósito previo para concurrir a la subasta por parte de los postores y estiman que ésta se debe considerar desierta al no existir ningún postor en el plazo establecido”.

Ante estas “resoluciones injustas”, el empresario pide que haga frente a los perjuicios económicos que se deriven de las consecuencias ocasionadas por las acciones dictadas por el querellado y que en el futuro se pudieran considerar como delito o falta”.

César Gil entiende que gran parte de lo que está ocurriendo con los suelos urbanizables turísticos en Tazacorte, con actuaciones sospechosas (según recogían las investigaciones policiales realizadas en varias fincas como La Nao, El Pozo… que fueron recalificadas y que llevan una década en proceso judicial), tiene su origen en la permisividad del Juzgado de Los Llanos de Aridane.

El asunto más flagrante, en cuanto a tardanza se refiere, comenzó hace ya más de 15 años, con el denominado ‘Caso Los Tarajales’, un procedimiento judicial con varios imputados vinculados el Gobierno de Tazacorte, entre ellos el actual alcalde, Ángel Pablo Rodríguez, cuyas diligencias previas terminaron, que cuenta con varias sentencias firmes del Tribunal Supremo contra la actuación en un suelo no urbano, y que se ha eternizado hasta el punto de que aún hoy no tiene fecha de juicio.