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LA PALMA - TAZACORTE


El fiscal pide 18 meses de cárcel y 10 años de inhabilitación para el alcalde de Tazacorte


Ángel Pablo Rodríguez
Ángel Pablo Rodríguez, el alcalde de Tazacorte


Creado en Miércoles, 27 Abril 2016 Escrito por Maikel Chacón Escrito por El TIME


La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha ejecutado acusación contra los 6 supuestos autores de un delito contra la Ordenación del Territorio, en su modalidad de prevaricación urbanística, en el denominado 'Caso Los Tarajales” que juzga la construcción de un edificio residencial en suelo no urbano con licencia de noviembre de 2005. La solicitud de apertura de juicio oral incluida en dicha acusación incluye la solicitud de un año y seis meses de prisión para el alcalde de Tazacorte, Ángel Pablo Rodríguez Martín, así como 10 años de inhabilitación para el ejercicio de empleo y cargo público.

Además se pide 9 meses de cárcel y 8 años de inhabilitación para otros 5 ex concejales, entre ellos el ex teniente de alcalde, así como un año de prisión y 9 de inhabilitación para el arquitecto municipal de Tazacorte.

Según consta en la documentación judicial a la que ha tenido acceso ElTime.es, los hechos ocurridos en el municipio bagañete que finalizaron con la ejecución de la edificación existente en la costa del Puerto de Tazacorte, “son legalmente constitutivos de un delito contra la ordenación del territorio, en su modalidad de prevaricación urbanística previsto y penado en los artículos 320.1 y 320.2 del Código Penal”. Así, aclara el fiscal, “los acusados responden penalmente del delito previsto en dichos artículos, todos con concepto de autor”.

Por lo tanto, concreta el auto, procede imponer las siguientes penas:

1- Al acusado Angel Pablo Rodríguez Martín, inhabilitación especial para empleo y cargo público durante 10 años y una pena de un año y seis meses de prisión.

2- A los acusados Juan Miguel Rodríguez Acosta, José Antonio Martín Castillo, Roberto Pérez Lorenzo y Francisco Pérez Acosta, la pena de inhabilitación especial para empleo y cargo público por 8 años y pena de 9 meses de prisión.

3- Al acusado Rosendo Luis Brito pena de inhabilitación especial para empleo y cargo público durante 9 años y pena de un año de prisión.

Desde la Fiscalía Provincial se recuerda que el alcalde y los exconcejales concedieron el 8 de noviembre de 2005 la licencia y el 27 de junio de 2006 la autorización para el proyecto de ejecución e inicio de las obras “a sabiendas de su injusticia por contravenir, ambas resoluciones, la normativa y resoluciones judiciales recaídas en relación a la condición urbanística del suelo donde se asentaría la edificación, y en especial con vulneración de la servidumbre de protección de 100 metros respecto al litoral por aplicación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas".

En estas acciones administrativa se omitió la existencia de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 13 de septiembre de 2002 que ya advertía de la condición no urbana de ese suelo, sentencia que fue ratificada el 2 de noviembre de 2005 por el Tribunal Supremo.

ElTime.es ampliará esta información a lo largo de las próximas horas.