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LA PALMA


El exalcalde defiende la legalidad de la licencia de Los Tarajales


El abogado del antaño regidor local y de ediles en el gobierno de UB-CC, imputados por dos delitos, defiende ante la jueza que la licencia para construir el edificio se ajustó a derecho.


9/oct/14 00:53 - Víctor Martín, Tazacorte


El abogado del exalcalde de Tazacorte Ángel Pablo Rodríguez y de los concejales de Unión Bagañeta-Coalición Canaria que formaban su gobierno, Roberto Pérez Lorenzo, Juan Antonio Martín Castillo, Francisco Pérez Acosta y Juan Miguel Rodríguez Acosta, han presentado ante la jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Los Llanos de Aridane un recurso, al que ha tenido acceso EL DÍA, en el que explican las razones por las que autorizaron la construcción en el Puerto de un edificio dentro de un terreno afectado por la Ley de Costas, el denominado caso Los Tarajales.

El exalcalde y sus ediles están imputados por dos supuestos delitos castigados con la cárcel: prevaricación y contra la ordenación del territorio, de los que se intentan defender en el recurso presentado por su abogado en contra el auto de la jueza, en el que se fijan los posibles responsables de facilitar la construcción del inmueble.

Los imputados tratan en principio de desmontar ante la magistrada el supuesto delito contra la ordenación del territorio. Para lograrlo, al menos intentarlo, advierten de que concedieron la licencia de construcción del edificio, el 7 de noviembre de 2005, "sobre la base del planeamiento vigente, el Plan General de Ordenación Urbana aprobado por la Comisión de Ordenación del Territorio el 28 de julio de 2004, que clasifica los terrenos como suelo urbano consolidado, sin que afectara la servidumbre de protección de los 100 metros del dominio público marítimo terrestre", ya que cuando se concedió la licencia, sostienen, "estaba en vigor la orden ministerial de 25 de octubre de 2001, que lo establecía en 20 metros", no siendo hasta el 27 de agosto de 2007 "cuando quedó fijada en los cien metros".

El abogado del exalcalde y de sus concejales dice que "solo se podía conceder la licencia solicitada, no solo por imperativa aplicación del principio de legalidad, sino porque además la concesión de las licencias administrativas no es una actividad discrecional sino reglada".

Para entender el "caso", hay que tener en cuenta que el ayuntamiento antes de conceder la licencia era consciente de una sentencia del día 1 de diciembre de 2004 de la Audiencia Nacional que anuló la Orden Ministerial de 25 de octubre de 2011, ampliando el ancho de la servidumbre de 20 a 100 metros. Sin embargo, en el recurso se considera que la citada resolución judicial "es intrascendente por su falta de firmeza", después de que fuera recurrida por el propio ayuntamiento.

Respecto al supuesto delito de prevaricación, y partiendo del razonamiento para evitar la primera imputación, el abogado del exgobierno municipal dice, como es lógico, que "si la concesión de la licencia se ajustó al planeamiento vigente, no cabe hablar de prevaricación". Entiende además que el mismo argumento por el que se archiva el sobreseimiento de la causa para los miembros de la Cotmac que aprobaron el planeamiento municipal en 2004, "también debería ser aplicable a la junta de gobierno del Ayuntamiento de Tazacorte.

En concreto, la jueza no observó en los miembros de la Comisión de Ordenación "elementos objetivos bastantes que permitan concluir que hubieran actuado movidos por intereses ajenos al ejercicio de la función pública que tenían encomendada".