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LA PALMA


El juez cree que el alcalde contrató obras sabiendo que incumplía la ley

El magistrado reclama al fiscal que formule escrito de acusación o bien el sobreseimiento de la causa por un presunto delito de prevaricación, aunque en el auto deja clara su valoración.



Víctor Martín, Tazacorte 22/jul/15 06:09


El juez del Juzgado de Instancia e Instrucción número 1 de Los Llanos de Aridane reclama al Ministerio Fiscal y a las acusaciones particulares personadas que en un plazo de 10 días formulen escrito de acusación, solicitando la apertura de juicio oral o bien el sobreseimiento de la causa abierta desde 2012 contra el alcalde de Tazacorte, el nacionalista Ángel Pablo Rodríguez, y un funcionario municipal, que en aquel momento actuaba de secretario, por un presunto delito de prevaricación administrativa en la tramitación.

El magistrado advierte en el auto de que de las diligencias practicadas hasta la fecha se deduce la existencia "de indicios racionales de criminalidad". En concreto, el juez se refiere a que tanto el alcalde bagañete, que ganó en mayo las elecciones con mayoría absoluta, como el funcionario imputado "procedieron a la tramitación de diferentes contratos administrativos en representación de la corporación municipal de Tazacorte, apartándose conscientemente (lo afirma el juez textualmente) de la legalidad vigente y con ausencia de las disposiciones previstas en la Ley de Contratos del Sector Público".

En las diligencias de este procedimiento se solicitó en 2014 al ayuntamiento, en concreto el 11 de abril, todos los expedientes de hasta nueve actuaciones realizadas en el pueblo. No supone que en todas ellas, quizás en ninguna, se cometieron irregularidades en su tramitación; esa es una cuestión que debe dictaminar el juez. En concreto, el juzgado pidió informes de obras de asfaltado en la calle Alcaldesa Medina Quesada, también en la calle San Antonio, con dos contratos por 9.000 y 11.655 euros; la construcción de la plaza Enrique Noguerales, por importantes de 5.670 euros, 15.385 y 18.565; o la ejecución de la guardería municipal.

En la causa también se ven afectadas otras obras que se llevaron a cabo a través de diferentes fases. Destaca el expediente relativo a los quince contratos firmados por el alcalde para la construcción de la piscina municipal, otros tres para la construcción y adoquinado de aceras, obras en el conjunto histórico de San Miguel o el proyecto de rotonda y ajardinamiento en la LP-1, entre otras.

Lo que en realidad se investiga es si el alcalde, con el beneplácito del funcionario imputado, decidió el fraccionamiento de contratos para poder adjudicarlos a determinadas empresas sin la necesidad de tener que sacarlos a concurso público.

El juez subraya en el nuevo auto, notificado a las partes este mismo mes, que el Ministerio Fiscal y acusaciones particulares personadas pueden solicitar excepcionalmente la práctica de diligencias complementarias "que consideren imprescindibles para formular la acusación".