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LA PALMA


La odisea del agua en La Palma

Análisis de la problemática del agua en La Palma, a colación de la imputación a Pedro Pérez por criticar la propiedad del agua en la isla


La odisea del agua en La Palma


Publicado el 25 de febrero de 2016


Las Naciones Unidas reconoce, mediante la Resolución A/RES/64/292 del 28 de julio de 2010, “el acceso seguro a un agua potable salubre y al saneamiento como un derecho humano fundamental para el completo disfrute de la vida y de todos los demás derechos humanos”. Aclara, sin embargo, que se trata de hacer el agua asequible y de una calidad aceptable, lo que no implica el uso ilimitado. En el marco estatal, la propiedad del agua está regulada por la Ley de Aguas de 1985. Según esta norma, los particulares tienen derecho al aprovechamiento, pero no a la propiedad, salvo los derechos adquiridos establecidos por la ley anterior. La asignación corresponde al Estado y nunca a los mercados. Pese a las disposiciones de la ONU y la ley estatal, siguen existiendo añejos intereses ligados al líquido elemento.

En La Palma se habla con fuerza, desde hace algunos años, de las taras que imponen los aguatenientes históricos a los agricultores. El último capítulo fue la imputación al tertuliano Pedro Pérez, por unas palabras en las que se quejaba por el desigual reparto. ¿Qué pasa con el agua en La Palma? ¿Quién la controla? A estas preguntas quiso contestar hace dos años el programa “El color de la verdad” de Drago Azul TV. En una entrega titulada “¿Sigue habiendo caciques en La Palma?”, analiza la cuestión con diferentes testimonios. Interviene el propio Pedro Pérez, que afirma que “el agua sirve como medio de presión en la isla”.

El medianero Heriberto Camacho cuenta que en ocasiones no le llegaba el agua cuando se dedicaba a labores agrícolas. Reconoce que hay miedo a la hora de hablar de la propiedad del agua. La tertuliana Teresa Melián destaca que los propietarios del agua imponen unos cánones muy altos a los agricultores. “Se debería aplicar la Ley, que acepta la propiedad privada, pero con justicia y sin abusos”, concluye. El Diputado del Común en Canarias, Jerónimo Saavedra, señala que él quiso que el agua fuera de propiedad pública y apoyó la Ley Estatal, que reconoce el carácter público del agua. Dicha ley quiso trasladarla a Canarias, según sus palabras, cuando era Presidente del Gobierno. “Ante los abusos tendrían que haber sanciones”, considera. Continúa aclarando que “los agricultores no acuden a los poderes públicos para denunciar la situación de abuso con respecto al agua y esto inhabilita toda acción al respecto”.

En el reportaje quisieron contar con el testimonio de los propietarios del agua en Argual y Tazacorte. Tras conocer las preguntas, rehusaron hablar. La situación en la parte oeste de la isla, en relación a la propiedad del agua, cambia considerablemente si nos vamos al este, concretamente al municipio de San Andrés y Sauces. José Luis Hernández relata que la misma situación de injusticia que se da en Los Llanos y Tazacorte, también sucedía en el municipio nororiental. En los 70 hubo protestas por este hecho. En la coyuntura entre 1976 y 1983, van eliminándose los privilegios y se dictamina la imposibilidad de especular con el agua. Se puede usar pero no se puede vender. Como consecuencia, desde ese entonces se vende la tierra junto con el agua.

Herederos de Alonso Fernández de Lugo
La situación ganada en San Andrés y Sauces no se corresponde con lo que pasa en las haciendas de Argual y Tazacorte, o lo que es lo mismo, con las aguas que vienen de la Caldera. De eso es de lo que se vienen quejando tertulianos de Radio Murión como Pedro Pérez o Teresa Melián, los dos denunciados por supuestas injurias y calumnias a Rosendo Luis Cáceres y Rosendo Luis Brito. Sin embargo, al menos en el caso que hemos conocido, el de Pérez, no había una sola mención a las dos personas, sino críticas furibundas a la propiedad del agua. Resulta que Rosendo Luis Cáceres ha desarrollado su labor profesional cerca de la familia de los Carrillo, importantes aguatenientes de la comarca. Rosendo Luis Brito, por su parte, está siendo investigado en el ‘Caso La Nao’ junto a Javier Carrillo Kábana.

Una de las opiniones más enérgicas de Pedro Pérez, asegura que los actuales aguatenientes han recibido su propiedad directamente de Alonso Fernández de Lugo. En los “Estatutos de las haciendas de Argual y Tazacorte”, se reconoce tal hecho en su preámbulo. El poder de disponer de las tierras, conferido directamente por los Reyes Católicos, lo transfiere a su sobrino, Juan de Lugo, en julio de 1502. Aparte de las tierras, recibe la potestad sobre las aguas de la Caldera, denominadas como “el Río de Tazacorte”. Juan de Lugo vende las haciendas de agua en 1508 a Jácome Dinarte. En enero de 1509, Dinarte las vende a la Compañía Alemana de los Welzer. En Flandes, la Compañía Welzer traspasa las aguas en 1513 a Jácome Van Grünenberg (conocido como Monteverde). Sería el último propietario único de las aguas. A su muerte, en 1557, las reparte entre sus cinco hijos. En 1613 Pablo de Vandale se hace con el control de cuatro de las cinco partes de los Monteverde.


La odisea del agua en La Palma

Desde ese momento se hacen varios repartimientos posteriores, entre ellos el de 1887, que permanece vigente hasta el 7 de septiembre de 1958, que recalca el carácter privado del líquido elemento. En 1958, año en que se recogen estos estatutos, era Presidente del Heredamiento Antonio Carrillo Kábana. Estos estatutos se apoyan en una ley especial sobre las agrupaciones de propietarios de aguas privadas que promulga las Cortes del Estado el 27 de diciembre de 1956, en pleno franquismo. En medio del tránsito histórico, en 1848 los ayuntamientos de El Paso y los Llanos de Aridane, adquieren, como un propietario más, una parte del agua de la Caldera. Sin embargo, el Ayuntamiento de El Paso reconoce la titularidad privada de las tierras y aguas en 1915, por lo que en ningún momento hay discusión al respecto.

El preámbulo corrobora que jurídicamente la propiedad de las aguas de la Caldera es de los herederos de las haciendas de Argual y Tazacorte, legada directamente del repartimiento de tierras de Alonso Fernández de Lugo en 1502, cuando lo cede a su sobrino. Los documentos que lo abalan son la transacción notarial de abril de 1858 y la Real Orden de octubre de 1867, refrendada luego por las Cortes franquistas en 1956. Las críticas de Pedro Pérez a la situación en la que esta heredad mantiene a los pequeños agricultores de la zona, le han valido una denuncia. La situación de impermeabilidad de la cuestión, retrotrae a situaciones habituales en tiempos pretéritos.