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LA PALMA - TAZACORTE


No soy jurista, soy maestro de escuela; hice lo que dijeron los técnicos


No soy jurista, soy maestro de escuela; hice lo que dijeron los técnicos


Creado en Martes, 16 Octubre 2018 Escrito por El Time


El juicio de los Tarajales se ha iniciado con el interrogatorio a los inculpados en el caso en el que se juzga el otorgamiento de una licencia en 2005 a un edificio construido en suelo posteriormente declarado no urbano por la justicia. El primero en declarar ha sido alcalde de Tazacorte, Ángel Pablo Rodríguez, al que se le pide una de las mayores penas. En su primera intervención, dejó claro que solo repondería a las preguntas del fiscal y la defensa.

Rodríguez señaló que “simplemente escuché las opiniones de los técnicos, arquitecto y jurista municipal, y los informes facilitados eran favorables”. A pesar que el propio alcalde no recuerda haber intervenido en otros trámites relacionados con la licencia, se le proporcionaron documentos en los que aparece su firma y que fueron tramitados justo al día siguiente de haber presentado la solicitud.

En su respuesta, el investigado incidió en su base argumental: “No soy jurista, soy maestro de escuela”, subrayando que los técnicos y asesores externos le habían informado acerca de la sentencia que la Audiencia Nacional había dictado sobre el PGO. ”Se me comunicó que la sentencia iba sobre el antiguo planeamiento”, apuntó.

El Fiscal observó indicios de contradicción en las declaraciones del alcalde, el cual indicó que conocía “a groso modo” las sentencias previas emitidas en 2002 por el TSJC y en 2004 por la Audiencia Nacional, pero que no sabía que pudieran afectar a la ordenación del suelo donde se ubica el edificio.

Además, el fiscal expuso que los concejales de la oposición en el Consistorio bagañete advirtieron del posible delito de prevaricación antes de emitir la licencia, y lo hizo aportando declaraciones previas al proceso y actas de plenos en las que se verifica que el principal responsable del Ayuntamiento se encontraba informado.

Ángel Pablo realizó entonces un giro en su argumentación, justificando que se tardó unos meses en conceder la licencia para confirmar que era legal. Además, afirmó que “los informes eran claros y si no la dábamos, sí que nos podían acusar de prevaricación”.

El Fiscal achacó al encausado la no referencia a la Ley de Costas o a las sentencias firmes de los tribunales, a lo que el alcalde, en su línea de argumentación, indico que “tenía fe ciega en el abogado municipal Manuel Roque (ya fallecido)”.

“Mera casualidad”, así fue la respuesta que el investigado daba al Fiscal tras este preguntarle si no le llamó la atención que la sentencia firme del Supremo saliera dos días después de que se concediera la licencia. “Nunca nos dijeron que la sentencia estaba próxima a emitirse”, argumentó el alcalde.

Ante la posible demolición de Los Tarajales por su irregularidad legal, Rodríguez afirmó que sí tenía constancia de esta posibilidad. Su justificación para poner en marcha esta obra fue que “la situación del municipio era muy crítica en cuanto a paro y actividad, estábamos acuciados por la situación económica y pedimos hoteles y actuaciones”.

En cuanto al deslinde de costa, el investigado sostuvo, como venía haciendo a lo largo de su declaración, que “me informaron de que no repercutía en el nuevo PGO porque se refería a las normas subsidiarias”. Además, añadió que “Costas no respondió a nuestra solicitud de información”.

El Fiscal insistió en el daño que haría al pueblo si finalmente ese edificio fuera demolido, a lo cual contestó que “el edificio es legal. Era beneficioso para el pueblo”. En cuanto a la información de la Ley de Costas a los constructores del edificio, el alcalde señaló que “yo creo que eran conscientes y conocían esas sentencias”.

Por último, el investigado justificaba que “es un edificio fuera de ordenación.. como hay muchos en toda Canarias o España”.


No soy jurista, soy maestro de escuela; hice lo que dijeron los técnicos

"Los promotores nos advirtieron, pero no más allá de una presión normal"

Tras las preguntas del Ministerio Fiscal llegó el turno de la defensa, quienes quisieron remarcar que Ángel Pablo no es jurista, sino maestro de escuela.

En pro de justificar la actuación del investigado, se volvió a señalar que siempre actuó en base a los informes de los técnicos y juristas, “el PGO era un documento nuevo, no afectado por las sentencias previas sobre las NNSS (Normas Subsidiarias)”.

En relación a las presiones que podría haber sufrido por parte de los promotores, Rodriguez argumentó que “nos advirtieron de que podíamos estar prevaricando por no dar la licencia con todos los informes a favor”. Además, insistió en que informes posteriores avalan la decisión del gobierno en base a los informes técnicos.