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LA PALMA - TAZACORTE


¿Recibir? Lo único que recibí de Diursa fue una amenaza de querella por prevaricación


Ángel Pablo Rodríguez Martín, alcalde de Tazacorte


Creado en Martes, 31 Octubre 2017 Escrito por El Time


Ángel Pablo Rodríguez Martín, alcalde de Tazacorte y parte del sector de los acusados en el caso ‘Los Tarajales’ -por el que tendrá que sentarse en el banquillo el próximo 2 de noviembre- reconoce no ser una persona acostumbrada a exponerse a los medios de comunicación, más bien “no soy de los que voy cacareando”. Se refiere a sí mismo y a su compañeros del Grupo de Gobierno bagañete que lo acompañaron en el año 2005, tiempo en que se desarrollaron los hechos de presunto delito urbanístico, como “la gente humilde”.

El mandatario local, expuesto a una petición inicial por parte de la acusación de 19 meses de cárcel y 10 años de inhabilitación pública, pide “rigor” a la hora de emitir juicios públicos o tratar la información relativa al caso en los medios de comunicación. A la entrevista realizada en los estudios de Onda Cero La Palma, Rodríguez acude con uno de sus concejales, y guiado por un esquema de fechas, responde firmemente, pese a “la edad” que dice afectarle. “Los años no pasan en balde”, declara.

Durante los últimos 12 años, la prensa no ha permitido que el caso judicial quede en el olvido, algo de lo que es plenamente consciente el alcalde bagañete: “Se han dicho muchas cosas, algunas que yo pongo en tela de juicio”. Habla de una tergiversación por parte de algunas personas, la cual puede dar lugar a equívocos, pero se muestra tranquilo porque “una mentira puede convertirse en media verdad, pero la mentira siempre lo es, allá donde vayamos”.

Echando la vista atrás, regresando al año 2005, Ángel Pablo Rodríguez recuerda que la licencia para construir el edificio se tramitó en 8 meses a partir del mes de marzo, cuando fue solicitada. Por lo que descarta las acusaciones de que fuera expedida por la administración local en el plazo de 2 días: “eso es uno de los muchos disparates dichos”. Concretando, arguye que se dio el 8 de noviembre, “con los informes técnicos y jurídicos de acuerdo al planeamiento aprobado en 2004”, donde se considera a la zona urbana y el deslinde de costas a 20 metros, incluso con informe favorable de la Dirección General de Costas del Gobierno de Canarias. “La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC), aprobó el Plan General de Ordenación (PGO) con ese suelo como urbano”, indicó.

A lo largo de la entrevista, el alcalde, visiblemente emocionado -casi lagrimal- tuvo tiempo para recordar a dos personas que calificó de“entrañables” y que “quedaron en el camino”. Se refiere a Manuel Roque, exjurista municipal y Marino González Becerra, técnico de Costas; ambos fallecidos. “Daría lo que fuera porque estuvieran en este juicio”, apostilló.

La licencia emitida dos días antes de la sentencia del Supremo, "es mera casualidad"

Sobre el hecho de que, casualmente, dos días después de emitir la licencia para construir el edificio, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dictaminara sentencia firme en contra de la urbanización del suelo donde se pretendía levantar la construcción, Rodríguez asegura que “en absoluto” se filtró información acerca de los plazos al Ayuntamiento: “No somos adivinos (…) se ha dicho mucho, pero es mera casualidad. Por supuesto que no hay forma de enterarse uno de eso”. Además, añade: “La sentencia del TSJC es sobre las normas sustantivas; la licencia tiene que ver con un planeamiento nuevo, que no está relacionado con esas normas subsidiarias”.

Al aparecer la dictamen firme del TSJC, el consistorio bagañete no anuló la licencia expedida porque “se basa en las NNSS y es una sentencia inejecutable según la propia COTMAC”. En este sentido, argumenta que el órgano autonómico de ordenación del territorio “nos dio la razón en un recurso sobre que no se podía ejecutar”. “Las normas eran algo muerto, sustituido por un nuevo PGO; un nuevo planeamiento parte de cero”.

"Solo me movió el interés por desarrollar el único suelo disponible en El Puerto"

El único interés que dice tener el máximo responsable municipal de Tazacorte sobre Los Tarajales es que “era la única parcela que permitía hacer algo en el Puerto de cara al mar; no había otro. Era la única donde se podía hacer algo”. Es más, alude a la cantidad de viajes y contactos con administraciones supramunicipales que ha tenido que hacer para defender los intereses del municipio: “siempre he ido y mucho para conseguir que mi gente [la población] tenga trabajo”.

Preguntado por los presuntos vínculos que se le achacan con el grupo inmobiliario Diursa, promotor de Los Tarajales, responde tan solo haber recibido una amenaza de denuncia por parte de la empresa. “¿Recibir?, lo único que he recibido de Diursa es una amenaza de querella”. Así, relata que el responsable de la compañía, que visitaba frecuentemente el municipio, apareció en el despacho de Alcaldía con un abogado, el señor Palomeque: “me dijo que nos podía costar un pleito (…) y en una segunda ocasión, me dijo que nos acusarían formalmente en el juzgado por prevaricar al no dar licencia porque tenía todos los parabienes técnicos positivos”. En aquel momento, llevaban 8 meses sin dar el permiso.

A la cantidad de casos contra el suelo de Tazacorte, que de alguna manera han llegado a ‘saturar’ al poder judicial -no en vano, tan solo ‘Los Tarajales’ tiene 35.000 hojas de papel-, los considera Rodríguez una ‘judicialización’ de la política. “Alguno pensó que la única forma de pararnos [tras 3 legislaturas gobernando] era llevarnos al juzgado. Siempre he pensado que las cosas se resuelven en el Salón de Plenos y en las comisiones, con respeto”.

"Duermo tranquilo todas las noches; me quita el sueño otras cosas".

Pese a la verdadera ‘reyerta’ mediática en la que ha estado inmerso personalmente y como administración, comenta que “duermo con tranquilidad todas las noches”. Y que lo único que le quita el sueño son situaciones en las que “llega una madre y me dice que no tiene trabajo para su hijo. ‘No ceno con mi hijo porque no hay para los dos’. Eso ahora es más dramático incluso que antes”.

Partiendo con expectativas de “tranquilidad”, Ángel Pablo Rodríguez afrontará el próximo 2 de noviembre prestar testimonio en el Juzgado de lo Penal número 7 de Santa Cruz de La Palma, donde han sido citados otro medio centenar de testigos de todas las partes que conformarán el desarrollo del juicio de ‘Los Tarajales’. “Estoy tranquilo porque he cumplido con la Ley y sigo creyendo en la justicia”, afirma. De hecho, resalta que existe “mucha jusrisprudencia” al respecto, porque “cuando se hace un acto administrativo como esta licencia, aunque se suspenda el acto, si ha dado lugar a que haya construcciones, éstas no hay que demolerlas. Hay muchos edificios así en Canarias y en La Palma”.

"¿A quién beneficia que se tire el edificio?"

Ante la posibilidad, también planteada, de demolición del edificio ya construido -que tan solo el juez podrá determinar-, el líder bagañete ‘tiembla’: “Sería terrible; sería destruir ¿y a quién beneficia que eso se tire? ¿A quién beneficia una guerra? El resultado es el mismo. Ya ha sufrido, porque creo que no se ha vendido sino un piso”.,

En cuanto a las declaraciones que el urbanista Antonio Rocha hacía días atrás, en las que hablaba de un ‘ente superior’ radicado en Madrid al que acudían Unión Bagañeta (UB), PSOE y PP ‘de la mano’ para defender Los Tarajales, Ángel Pablo Rodríguez asegura no creer sino “en las personas y el diálogo”, algo que dice le ha conducido a “estar para hacer el bien como alcalde. Lo he hecho desde el minuto ‘0’ en política”.

El alcalde, jubilado desde hace 5 años, reconoce que el caso ‘Los Tarajales’ “me trae más disgustos que satisfacciones”, pero espera que algún día “brille la luz y nos den la razón de que es legal”.