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LA PALMA


“El abogado, por su papel, está a la vanguardia de la lucha contra la corrupción”

Santiago Milans del Bosch, Abogado, Socio de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira


Santiago Milans del Bosch


LAWYERPRESS / @LuisjaSanchez - 13 de MAYO de 2015


Corrupción y transparencia  fue una de las mesas estrella del ya concluido XI Congreso de la Abogacía que tuvo lugar en Vitoria. En ese debate confluyeron Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional España, entidad que está asesorando a muchas entidades cómo adaptarse a la actual Ley de Transparencia, Mar Cabrejas, vocal del CGPJ, entidad que ha puesto en marcha un ambicioso portal de transparencia en el que incluso se podrá consultar el patrimonio del presidente y los vocales judiciales y Santiago Milans del Bosch, abogado, socio de Cuatrecasas, Goncalves y Pereira y un estudioso de este tema ( en la foto segundo por la izquierda) con quien hemos podido charlar tras la finalización de esta jornada y quien señaló cuál debe ser el papel del abogado en este entorno que va de la transparencia a la corrupción. A su juicio “la transparencia es, sin duda, una medida anticorrupción muy útil, no solo en los organismos públicos sino también en empresas privadas (entidades financieras, constructoras o sociedades profesionales)”. Para este prestigioso jurista es evidente que el papel del abogado en la sociedad le hace estar cerca del cliente y a la cabeza de la lucha contra la corrupción.

¿Qué conclusión extrae de la jornada sobre corrupción y transparencia que ha tenido lugar en el XI Congreso de la Abogacía?

La jornada me ha parecido muy positiva y, desde luego, una muestra de que vamos por buen camino. Quizá no a la velocidad que se deseara o, a veces, demasiado tarde, a juzgar por los numerosos casos de corrupción que se conocen y/o se van conociendo.  Lo importante es que los poderes públicos, aunque sea a impulsos de la sociedad civil organizada, vaya tomando cartas en el asunto.

 En la jornada ha quedado claro que no sólo se ha de luchar contra la corrupción, sino también frenarla mediante medidas preventivas que impidan o dificulten este mal endémico, fruto de un ambiente dominado por la “dictadura del relativismo”, donde se ha hecho dejación de patrones éticos y fomentado o tolerado el enriquecimiento fácil y rápido, “premiando” más el pelotazo que el esfuerzo y la profesionalidad.

La transparencia es, sin duda, una medida anticorrupción muy útil, no solo en los organismos públicos sino también en empresas privadas (entidades financieras, constructoras o sociedades profesionales).

En su ponencia ha hablado del papel del abogado frente a la corrupción. ¿Qué destacaría del mismo?

La abogacía no es sólo una consagración académica, sino una concreción profesional en la que el abogado -algo más que el poseedor de un título universitario- no solamente debe dedicar su vida a dar consejos jurídicos sino a pedir siempre que se haga justicia haciendo real el derecho de defensa que toda persona tiene (se trata de un derecho humano).

Dada la función social de la Abogacía es claro que los profesionales que se dedican a “la dirección y defensa así como al asesoramiento y consejo jurídico”, como recoge el art. 542 LOPJ y nuestro Estatuto General, estás a la vanguardia de la lucha contra la corrupción, siendo una “herramienta” importantísima a la hora de dar el asesoramiento jurídico o el consejo que en derecho corresponde.

Este Portal del Congreso Nacional de la Abogacía es una muestra del papel de la abogacía institucional –Consejo General de la Abogacía Española y Colegios de Abogados- en la lucha contra la corrupción.

¿Secreto profesional y transparencia se pueden conjugar?

Con sentido común y criterio jurídico, por supuesto. El secreto profesional –aunque es más preciso referirse a la confidencialidad de lo que se conoce, sea secreto o no- tiene amparo en el art. 20 de la Constitución; y se integra dentro del derecho de defensa –no es, en absoluto, un privilegio del abogado; más bien, una carga, una honrosa carga, por lo que representa para toda persona, que por este mero hecho es titular del derecho humano a la defensa-.

Como recoge la LOPJ, “los abogados deben guardar secreto de todos los hechos o noticias de que conozcan por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional, no pudiendo ser obligados a declarar sobres los mismos”. La infracción de este mandato no sólo es una falta deontológica de primero orden, sino también un delito.

¿Deberían hacerse públicas las sanciones a aquellos abogados que estén implicados en tramas de corrupción?

Considero la pregunta poco clara. Lo primero es saber qué se entiende por “hacer pública”, definir “implicado” y determinar los delitos de corrupción, dada la vaguedad e impresión de los términos, que crea en sí mismo inseguridad.  Si lo que se quiere decir es conocerse quién ha sido “condenado” por corrupción (sea abogado o no), es claro que la sentencia dictada por el poder judicial, ya es de pos sí pública.

Otra cosa es, hechas las precisiones antedichas, publicarse una lista de los abogados condenados por corrupción. No tengo criterio al respecto, pero sí de que los Colegios deben tener un acceso y registro a los casos de abogados condenados en firme por corrupción, como causa que les impida –al menos durante un buen período de tiempo- ejercer esta noble profesión a la que han defraudado usando, muchas veces, sus conocimientos en leyes para ir contra la legalidad y en provecho ilícito propio socavando los cimientos sociales y corrompiendo a los servidores públicos.

¿Le gusta la ley de transparencia aprobada el pasado 9 de diciembre? ¿Qué retoques debería tener para mejorarla?

Sí, claro. Nada es perfecto pero es un primer paso que marca unos “mínimos” importantes. Lo importante es que se cumpla bien la ley; y sin complejos.  No hay que tener miedo a ser tranparentes, a dar información; además de que los ciudadanos pueden juzgar mejor y con más criterio a sus responsables públicos, es claro que la opacidad fomenta las prácticas corruptas. Uno de los retoques sería, en línea con lo anterior, no dar carta de naturaleza al silencio negativo.

En esta materia, que la Administración dé la callada por respuesta a la solicitud de información, aparte de mala educación, me parece improcedente. La Administración ha de ser diligente y positiva en esta materia.

Al hilo de esa ley el CGPJ ha hecho un esfuerzo importante por crear un Portal de Transparencia. ¿Qué le parece la idea?

Magnífica idea. Un paso importante, sobre todo en lo que se refiere al ejemplo “a otros”. Aunque, como todo, es mejorable, significa mucho este Portal, al aplicarse a unos de los sectores “más opacos” de la Administración o, al menos, que más recelos crea, al afectar a importantes bienes jurídicos y venir relacionado con quienes tienen encomendado impartir Justicia.

Por esta razón, el CGPJ debe ser ejemplarizante no solo en su actuación, sino en la forma de llevarse a cabo los nombramientos, los contratos, las adjudicaciones de viviendas o parkings, las inspecciones, etc, etc. Queda mucho por andar; pero se empieza a hacer buen camino.

No obstante da la sensación que otros operadores jurídicos les cuesta abrirse fuera de su entorno…

Pues sí. Es un mal síntoma, desde luego. Solo tiene miedo a mostrar su funcionamiento, quien tiene algo que ocultar o teme ser descubierto en sus prácticas  poco correctas.

Es más importante que obligar, sensibilizar a mejorar la forma de actuación y de mostrar lo mostrable, sobre todo cuando el ambiente de corrupción está tan generalizado. Para denunciar donde corresponda es fundamental la transparencia de cuanto está oculto.

¿Dónde está la solución al problema de la corrupción en nuestro país; más leyes, códigos deontológicos?

Las leyes y los códigos deontológicos son importantes, sobre todo, por su función pedagógica. Pero la raíz del mal está, vuelvo a decirlo, en la falta de esa conciencia moral que permite distinguir el bien del mal y todos los valores éticos que merecen protección sin paliativos (la vida, el bien común, la justicia, la libertad, la solidaridad, etc.) que han de sustentar una sociedad comprometida con los derechos humanos y con el progreso.

Esto significa, que la formación y la educación a todos los niveles es pieza fundamental en esta materia sin la cual los códigos y las leyes resultan ineficaces.  Se trata de hacer una sociedad más justa, más limpia; no más asustada por la sanción.

El Congreso de los Diputados va a votar una propuesta de ley para que los condenados por corrupción no sean indultados. ¿Está de acuerdo?

Soy de la opinión que al corrupto hay que sancionarle con la pena justa. Sin parece corta la que existe, que se modifique por el legislador.  También soy de la opinión de que el derecho de gracia ha de ser excepcional –por poder peligrar el principio de división de poderes- y, sobre todo, individualizando y referido no a supuestos de conveniencias, sino de justicia y equidad. Dicho esto, no estoy de acuerdo en que se demonice a un tipo de delincuente en contra de otros que también lo son (por crímenes, a veces, mucho más graves).

¿Cómo valora el movimiento en la sociedad de asociaciones o entidades que luchan contra corrupción?

Me parece una magnífica idea, que apoyo, sin dudar. El daño que produce la corrupción se produce de diversas maneras; y todos estamos moralmente obligados a evitar este daño a terceros. La corrupción requiere que aumenten tanto la convicción como la conciencia que con esta lucha se obtienen importantes ventajas sociales, para todos, para la armonía social. 

Lo importante es que estas asociaciones o entidades den ejemplo, antes que nadie, de ética y transparencia.